Marco Jurídico: la paz como finalidad de los instrumentos de justicia transicional

1. ¿Qué es el Marco Jurídico para la Paz?

El Marco Jurídico para la Paz es una reforma constitucional (llamada también Acto Legislativo), que busca abrir un espacio constitucional para el desarrollo de una estrategia integral y coherente de justicia transicional que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas y la transición hacia una paz estable y duradera. La reforma retoma la paz como finalidad prevalente de los instrumentos de justicia transicional.

2. ¿Qué mecanismos de justicia transicional prevé el Marco Jurídico para la Paz?

Entre los mecanismos de justicia transicional contenidos en el acto legislativo se encuentran:

- Mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas. Entre los mecanismos de esclarecimiento de la verdad, se prevé la creación de una comisión de la verdad.

- Criterios de selección y priorización para el juzgamiento de los máximos responsables y los más graves crímenes;

- La renuncia condicionada a la persecución judicial penal y la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los casos de quienes no fueron considerados máximos responsables,

- La aplicación de penas alternativas, de sanciones extrajudiciales y de modalidades especiales de cumplimiento.

3. ¿Qué leyes deberá expedir el Congreso para desarrollar el Marco Jurídico para la Paz?

Entre las leyes previstas en el Acto Legislativo 01 de 2012, están:

- Ley para la creación de una comisión de la verdad que defina su objeto, composición, atribuciones y funciones.

- Ley estatutaria para determinar criterios de selección para la investigación de los máximos responsables de los más graves crímenes. Esta ley también establecerá los casos, requisitos y condiciones en los que se podría suspender la pena, en los que podría aplicar sanciones extrajudiciales, penas alternativas, o modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena.

- Ley estatutaria para determinar qué delitos se consideran conexos al delito político, para permitir la participación en política de excombatientes.

4. ¿Qué significan la selección y priorización?

La priorización y la selección son solo dos de los elementos de la estrategia integral de justicia transicional, y deben ser analizados en conjunto con los demás elementos. En situaciones en las que se han cometido innumerables crímenes y hay a su vez múltiples victimarios, las estrategias de selección y priorización permiten centrar los esfuerzos de investigación penal en los máximos responsables de los más graves crímenes. Se parte de la idea de que ante la masividad de los crímenes, es imposible investigar cada uno de los delitos e individualizar a cada uno de los victimarios, por lo que se tendrá en cuenta la gravedad de los crímenes y se incorporará en esta balanza la necesidad de las víctimas de saber la verdad, recibir justicia y obtener reparación. En una transición política, la justicia penal puede maximizar sus objetivos a través de esta aproximación más estratégica que permite poner rostro individual a las atrocidades cometidas. En todo caso, como lo asegura el Marco Jurídico para la Paz, será el Congreso mediante una ley estatutaria el que definirá estos criterios de selección, sin perjuicio de la competencia que la propia Constitución atribuye a la Fiscalía para fijar, en desarrollo de la política criminal del Estado, los criterios de priorización.

5. ¿Por ejemplo, cómo se pueden fijar estos criterios de priorización?

En la priorización, los fiscales ponen en práctica criterios para definir cuál será el orden en el que procesarán los distintos casos. Estos criterios pueden ser, además de la gravedad de los crímenes, impacto geográfico, impacto en la comunidad, entre otros. Si hay 100 casos, se trata de establecer de 1 a 100 en qué orden serán procesados.

6. ¿Y en el caso de la selección?

En el caso de la selección, el Legislador diseña una serie de criterios para determinar contra quiénes se procederá penalmente –casos seleccionados– y en qué casos –por ejemplo, aquellos de los menos responsables– se podrá renunciar a la persecución penal siempre que se cumplan ciertas condiciones como la dejación de las armas, la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores reclutados. La idea es concentrar los esfuerzos y recursos de judicialización en una cuestión fundamental: la develación de los sistemas de victimización y la rendición de cuentas por parte de los máximos responsables.

7. ¿Y qué pasa con quienes no sean considerados máximos responsables?

La Ley estatutaria determinará cuáles serán los procedimientos para quienes no sean considerados máximos responsables. En algunos casos, la ley puede autorizar la renuncia de la persecución penal pero, como establece el mismo acto legislativo, esto deberá estar condicionado a la dejación de las armas y a la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas a través de mecanismos extrajudiciales.

8. ¿Renunciar en algunos casos a la persecución penal no es avalar la impunidad?

Por el contrario, el acto legislativo permite garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes a través de una estrategia integral de investigación que permita develar las estructuras criminales que han orquestado las graves violaciones a los derechos humanos, concentrándose en la persecución penal de los máximos responsables de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y la identificación de las estructurales criminales que los orquestaron, garantizando así la justicia, la verdad y la no repetición. 

Esta estrategia antes que obstruir el sistema investigativo lo potencia por una sencilla razón: el diseño e implementación de mecanismos extrajudiciales complementarios, permite ampliar la satisfacción del derecho de toda la sociedad a conocer qué fue lo que ocurrió en el conflicto y cuáles fueron sus causas.

9. ¿Cómo se garantizaría, a través de este acto legislativo, la participación política de miembros de grupos armados?

La Constitución Política de Colombia ya prevé que las condenas por delitos políticos no producen inhabilidad para ocupar cargos públicos de elección popular. El Marco Jurídico para la Paz pide al Congreso, a través de una ley estatutaria, definir cuáles delitos son conexos al delito político para permitir esta participación política. El artículo transitorio 67 incluido en el Marco Jurídico para la Paz, y declarado exequible por la Corte Constitucional, establece que no podrán ser considerados conexos al delito político aquellos delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados por estos delitos.

10. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en sus decisiones sobre el Marco Jurídico para la Paz?

En dos decisiones, una agosto de 2013 y otra de agosto de 2014, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 1 y 3 del Marco Jurídico para la Paz al considerar que no sustituyen la carta política. Asimismo, determinó que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección y priorización. La Corte se pronunció también sobre los parámetros que debería tener en cuenta el Congreso a la hora de legislar sobre el tema.  Estos parámetros incluyen las necesarias garantías para la sociedad y para las víctimas, de forma tal que se garantice una selección y priorización transparente de los casos, el derecho a la verdad más amplia posible (incluyendo el derecho a conocer en donde están los restos de los familiares de las víctimas), entre otros. Asimismo, la Corte solicitó al Congreso priorizar la investigación y sanción de los siguientes delitos: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia  sexual contra la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

Vea acá la intervención del Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en la audiencia pública en el proceso de constitucionalidad contra el artículo 67 del Marco Jurídico para la paz. 27 de mayo de 2014.  

Vea acá las intervenciones del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, en la audiencia pública sobre el Marco Jurídico para la paz en la Corte Constitucional, 25 de julio de 2013. Descargar.   

11. ¿Cuáles son los requisitos para que se puedan aplicar los instrumentos de justicia transicional que prevé el Marco Jurídico para la Paz?

El Marco para la Paz, así como el pronunciamiento de la Corte Constitucional, dejan en claro que para que sea aplicable es necesario exigir la terminación del conflicto armado respecto del grupo que se desmovilizó de manera colectiva, la dejación de las armas y la no comisión de nuevos delitos en los casos de desmovilización individual. Para que procedan los criterios de selección y priorización, así como otros mecanismos especiales, el grupo armado deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de edad reclutados ilícitamente.

Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso - Última Actualización: 9/1/2015, 10:20:43 AM

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