Justicia transicional en Colombia

 La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores.

En su última fase, Colombia cuenta con casi diez años de experiencia en la formulación e implementación de mecanismos de justicia transicional. Entre el año 2005 y la fecha, se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

La negociación política que emprendió el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para la desmovilización de 31.472 combatientes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se hizo jurídicamente posible a través de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. En diciembre de 2012 se adoptó la Ley 1592, a través de la cual se introdujeron reformas estructurales a la Ley de Justicia y Paz, tanto en la investigación y persecución penal como en la reparación a las víctimas.

El marco legal para la desmovilización de los combatientes paramilitares rasos se modificó tres veces en respuesta a las decisiones de las Cortes, hasta la adopción de la Ley 1424 de 2010. Por su parte, en junio de 2011 se adoptó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que constituye un hito histórico en la atención y reparación integral de las víctimas en el país.

Un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto armado interno que vive el país requerirá de un nuevo arreglo de justicia transicional, cuyas líneas generales y amplio abanico de posibilidades ya adoptó el Congreso de la República a través del Acto Legislativo No. 01 de 2012, más conocido como Marco Jurídico para la Paz.            

Como resultado, existen varias piezas legales y de políticas públicas, que deben armonizarse y articularse para funcionar como un engranaje coherente e integral:  

1.    Medidas de investigación y judicialización: Ley 975, Ley 1592 y Ley 1424

2.    Búsqueda de la verdad y construcción de la memoria histórica (CNRR, Centro de Memoria Histórica y los acuerdos de la verdad que establece la Ley 1424)

3.    Garantías de no repetición (reintegración de excombatientes de las AUC y otros grupos armados).

4.    Reparación integral a las víctimas (Ley 1448).

5.    Rango y bases constitucionales de la estrategia de justicia transicional. 

La rendición de cuentas de combatientes desmovilizados 

La Ley de Justicia y Paz tuvo como objeto “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Esta ley se propuso garantizar todos los derechos de las víctimas a través de un proceso penal especial, distinto al ordinario, en el que los excombatientes postulados son beneficiarios potenciales de penas alternativas (entre 5 y 8 años de pena privativa de la libertad), a cambio de decir la verdad sobre su pertenencia al grupo armado, contribuir a la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional. Esta ley fue principalmente aplicada a los integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aunque algunos excombatientes guerrilleros, desmovilizados individuales, también se han postulado a ella.  Vea acá: ABC Ley de Justicia y Paz

A julio de 2014, al cumplirse ocho años de aplicación de la ley, el Gobierno nacional había postulado al proceso penal especial de Justicia y Paz a  5.190 desmovilizados. A diciembre de 2014 se habían dictado 26 sentencias –todas ellas condenatorias– tanto contra los comandantes paramilitares, como contra mandos medios y combatientes rasos.  A través de estas decisiones se han constatado prácticas sistemáticas de desplazamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de  afectaciones de poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado. Vea acá el listado de sentencias de Justicia y Paz

De acuerdo con las cifras del Sistema Interinstitucional de Información en Justicia Transicional (SIIJT), a lo largo de los procesos penales especiales de Justicia y Paz, los postulados han confesado  más de 40.000 crímenes que afectaron a 51.000 personas. Además, con base en información resultante de dichos procesos, las autoridades han entregado 1.318 cuerpos a los familiares.

A lo largo de los ocho años de implementación de la Ley de Justicia y Paz se han conseguido resultados importantes, especialmente en cuanto a la producción y acopio de nueva información respecto de los hechos y el hallazgo de cuerpos y restos de personas desaparecidas forzadamente. Sin embargo, en términos de persecución penal y de reparación a las víctimas los números han sido relativamente bajos, en función del número de personas postuladas, de un lado, y de las víctimas registradas, de otro. Estos resultados son atribuibles a la adopción de un universo de judicialización (en términos de personas postuladas) excesivamente grande, a la ausencia –desde un principio- de una estrategia racional de priorización, y a la pretensión de satisfacer todos los derechos de las víctimas a través del proceso penal.

Con el objeto de superar los obstáculos estructurales y de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se adoptó la Ley 1592 de 2012. A través de esta ley se introdujeron importantes reformas al proceso penal especial de Justicia y Paz.  La reforma tuvo cuatro objetivos centrales:

•    Esclarecer y atribuir responsabilidad penal por patrones de macrocriminalidad, concentrando la persecución penal en los máximos responsables.

•    Garantizar el derecho a la reparación integral, pronta y efectiva de todas las víctimas registradas.

•    Agilizar el proceso de Justicia y Paz.   

•    Cumplir con la expectativa legítima de los postulados sobre el término máximo de privación de la libertad bajo el proceso de Justicia y Paz.  Descargue acá el texto de la Ley 1592.

La solución de la situación jurídica de los combatientes rasos de los grupos paramilitares se intentó a través de distintos mecanismos que no fueron aceptados por la Corte Constitucional, hasta llegar a la adopción de la Ley 1424 de 2010. Originalmente, la Ley de Justicia y Paz pretendió cobijar a los combatientes rasos paramilitares con los beneficios que ya establecía la ley para los delincuentes políticos. La Ley de Justicia y Paz calificaba la pertenencia a un grupo de autodefensa como “sedición” y siendo este un delito político en la legislación colombiana, se hacía posible la aplicación para los paramilitares rasos de los beneficios de indulto y amnistía. Sin embargo, dicho artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma y luego la Corte Suprema de Justicia aclaró que no se podía entender como delito político el hecho de concertarse para delinquir en grupos paramilitares.

Ante ese escenario, el Gobierno acudió al llamado “principio de oportunidad” y tramitó la que sería la Ley 1312 de 2009. A través de esta ley se autorizaba a la Fiscalía General de la Nación suspender, interrumpir, o renunciar a la persecución penal contra combatientes desmovilizados respecto de un amplio abanico de delitos. Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia C-936 de 2010, declaró que no era constitucional aplicar el principio de oportunidad a desmovilizados de grupos de autodefensa, pues sería una renuncia del Estado a investigar y conllevaría a que no se satisfagan “las exigencias de justicia, de verdad o de reparación”, lo que vulneraría los derechos de las víctimas.          

Así, los combatientes desmovilizados en las negociaciones con las AUC que no habían sido postulados a la Ley de Justicia y Paz quedaron en un “limbo jurídico”.  Atendiendo las indicaciones de la Corte Constitucional, se formuló entonces la sería la Ley 1424 de 2010, que establece una serie de beneficios jurídicos para los desmovilizados que no cometieron crímenes graves (que incurrieron en delitos como concierto para delinquir simple o agravado, porte ilegal de armas o utilización ilegal de uniformes o insignias, entre otros), a cambio de que contribuyan a la construcción de la memoria histórica a través de su participación en los denominados “acuerdos de la verdad” y a la reparación de las víctimas.  Vea acá: ABC Ley 1424 de 2010

El reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2010) constituyó un hito histórico en el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado interno, sin discriminación, y hacia la satisfacción de sus derechos a la asistencia, atención y reparación integral. En primer lugar, la ley consigna el reconocimiento expreso –después de años de negación– por parte del Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, de que en Colombia  existe un conflicto armado.  En segundo lugar, la ley reconoce como víctimas a aquellas cuyos hechos fueron cometidos por agentes del Estado (los esquemas anteriores de asistencia y ayuda humanitaria excluían a estas víctimas). La Ley de Víctimas estableció medidas de atención, asistencia y un ambicioso programa de reparaciones administrativas individuales y colectivas, para lo cual creó un nuevo y complejo andamiaje institucional.   Vea aquí: ABC Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.  

Al cumplirse tres años de expedida la ley, en total, a junio de 2014, , el Gobierno había destinado 19 billones de pesos para la aplicación de la norma, y, según cifras de la Unidad de Víctimas, 389.000 víctimas habían recibido reparación administrativa y de estas casi 223.000 habían sido beneficiarias de una reparación integral.  En el caso de Restitución de Tierras, se habían presentado ante los jueces más de 4.000 casos de víctimas de despojo y abandono forzado, que produjeron 1.158 sentencias por casi 29.000 hectáreas. 

Además de las medidas de asistencia, atención y del programa de reparación administrativa, recogiendo las lecciones del camino recorrido por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la ley creó el Centro de Memoria Histórica y le asignó enre sus funciones la implementación de medidas de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y recuperación de la memoria.

Conversaciones de paz y justicia transicional

Con el inicio de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2011, se incluyó en el quinto punto de la agenda un tema específico sobre las víctimas. Las partes entienden que el tránsito a una paz sostenible supone acuerdos sobre derechos de las víctimas y sobre la implementación de mecanismos de justicia transicional para su satisfacción.

A la fecha, en este punto se han logrado acuerdos significativos entre los que se destacan:

1. Formulación de un decálogo de principios que orientará la discusión y que incluye: el reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción del derecho de las víctimas, su participación, el esclarecimiento de la verdad, el derecho a la reparación, las garantías de seguridad y protección, garantías de no repetición, entre otros. (Vea acá: 10 principios para la discusión del punto 5 de la agenda “víctimas”)

2. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que entregará un informe que servirá de insumo para determinar la complejidad del contexto histórico del conflicto. (Vea acá: Comunicado conjunto en el que se anuncia la creación de la Comisión Histórica, se precisa su mandato, entre otros asuntos).

3. Subcomisión de género que hará recomendaciones a la Mesa para hacer possible la aplicación de un adecuado enfoque de género, particularmente con lo relacionado con las mujeres y la comunidad LGTBI.

4. Visita de las víctimas a La Habana que permitió abrir espacios para que las delegaciones escucharan a las víctimas y tengan en cuenta sus relatos y propuestas en las discusiones de este punto de la agenda. A La Habana viajaron en total 60 víctimas, divididas en cinco grupos de 12 personas cada uno, para sostener reuniones con los delegados de ambas partes.

Marco Jurídico para la Paz

En el año 2012, a través del Acto Legislativo 01, se incorporan las bases de la justicia transicional en la Constitución Política de Colombia. De esta forma, (i) se definen los objetivos de nuestro modelo: por un lado, facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera y, por el otro, garantizar en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; (ii) y se establecen las bases mínimas en el diseño de medidas de justicia penal especial y participación política de excombatientes y satisfacción de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas. Vea acá ABC del Acto Legislativo 01 del 30 de julio de 2012.